Periodicos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revelarán hoy todos los detalles de la investigación especial de la “compra de emergencia” de 250 megavatios de energía con carbón mineral. Al evento han sido invitados todos los sectores interesados en conocer cómo se ha realizado el proceso de contratación directa, iniciada en julio del año pasado y que continuó el 28 de diciembre de 2007, cuando el presidente de la junta interventora de la ENEE, Arístides Mejía, declaró ganadoras a CECSA de Guatemala -150 MW- y Envasa de Honduras -100 MW-.

Mejía, quien es el ministro de Defensa, ha cuestionado el informe del TSC y ha acusado al director ejecutivo de ese organismo del Estado, Moisés López Alvarenga, de estar a favor de los intereses de los generadores térmicos, provocando una fuerte confrontación en los medios de comunicación entre los dos funcionarios públicos.

La “compra de emergencia” ha sido criticada por los altos precios ofertados por CECSA y Envasa, por la escasa participación de reconocidas empresas internacionales generadoras de energía con carbón y por la falta de experiencia de la térmica guatemalteca en la producción de electricidad con ese combustible fósil. Ante esos señalamientos, el organismo contralor del Estado ha recomendado al Congreso Nacional no aprobar la compra de 250 megavatios de energía.

Además, la contratación directa fue criticada por organismos de crédito internacional, como el Banco Mundial, que invirtió 300,000 dólares en la elaboración de una “Estrategia del sector energético de Honduras”, la que fue revelada en mayo de 2007 y en la que se proponía una licitación pública internacional para adquirir unos 380 megas de energía para cubrir la demanda del siguiente trienio.

MANOSEO

Otro de los aspectos que el Tribunal Superior de Cuentas ha puesto en alerta es la constitución de un fideicomiso para cancelar los contratos a las mencionadas empresas térmicas -CECSA y Envasa-, lo que a criterio de Renán Sagastume, presidente del TSC, la investigación realizada por el equipo especial encontró que no estaban en las bases de la compra de emergencia ni en el modelo de contrato. “La cláusula 9.6 de los contratos firmados por la ENEE establece un fideicomiso para el pago del vendedor, constituido en el Banco Central de Honduras, ignorando los ingresos de la ENEE a favor de tal fideicomiso”, concluye el informe enviado al Congreso Nacional. También le quita flexibilidad financiera a la estatal de energía y al gobierno, en el momento de establecer la prioridad de pagos según las necesidades operativas.

Los contratos tampoco contemplan los aspectos ambientales, ya que la opinión del TSC es que las calderas que se instalen cuenten con equipo especial. El precipitador electroestático recomendado por el Tribunal Superior de Cuentas se cotiza en alrededor de 70 millones de dólares y el lavador de azufre en unos 65 millones de dólares. Hasta el momento se desconoce si es la ENEE o las ganadoras de la compra las que harán esa inversión necesaria.

Fuente: El Heraldo