Periodicos de Honduras

TEGUCIGALPA.- El ministro de Turismo, Ricardo Martínez, manifestó que la isla Barbareta fue vendida por el año 1920 y ahora lo que se hizo es un traspaso de dominio propio a un extranjero, por lo que considera que la venta antecede a la aprobación del artículo constitucional en que se prohíbe la venta de tierras costeras o insulares a extranjeros.

El funcionario recordó que la prohibición de vender las islas hondureñas a extranjeros está en el artículo 107 de la Constitución de la República después de 1982.

Posteriormente, en los años 90, se emitió que las zonas insulares y las costas que son de categoría urbana o turística sí pueden ser vendidas, sin embargo Barbareta fue vendida por 1920 y desde entonces ha tenido varios traslados de dominio pleno.

Martínez aclaró que lo que se hizo fue un simple traspaso de dueño y que esa fue una transacción privada, por lo que desconoce cómo se realizó la venta de la isla o cómo se ha registrado.

“En una oportunidad que tuvimos un reclamo sobre de porqué se vendían islas en el país, hicimos una investigación y descubrimos que estos traslados de dominio pleno que sólo los puede hacer el Estado de Honduras, los hizo el Estado de
Honduras, en un momento que no existía la prohibición del 107”, expresó.

Todo lo anterior, lo dio a conocer después de que trascendió que de forma casi secreta se había vendido la isla de
Barbareta, por un monto de 9.5 millones de dólares, a una corporación petrolera cuyo dueño es un ciudadano de origen estadounidense (texano) conocido como Mister Kesley, pese a la prohibición constitucional.

El territorio hondureño en conflicto está situado a un extremo del departamento insular de Islas de la Bahía, con una extensión de 800 manzanas, siendo más extensa que las islas de Elena y Morat.

“Entiendo que la isla de Barbareta ha sido vendida hace dos meses, no se si se ha vuelto a vender, pero no conozco en detalle cuál es esa situación”, apuntó.

No obstante, aclaró que de acuerdo a la Ley de Zonificación y Ordenamiento de las Tierras Turísticas los registradores de la propiedad tienen que pedir autorización al Ministerio de Turismo, para ver si esas zonas no van a ser afectadas por un desarrollo turístico, pero que a pesar de eso no han tenido ninguna comunicación del Registro de la Propiedad.

Por su parte, el abogado Italo Geovany Tugliani, quien aparece como el registrador de la escritura a nombre del norteamericano, señaló que los orígenes del título de propiedad de esa isla proceden de un remate judicial del año 1909.

Explicó que posteriormente los territorios o propiedades dentro de la isla de Barbareta, fueron adquiridos por unas familias lugareñas de apellidos Warren y Quinconell, pero con el paso de los años por muertes de una y otras familias se agregó la familia Morgan.

“Eran tres familias las dueñas de derechos de propiedad en esa isla, estos después tuvieron herederos que se declararon como tales en los tribunales de Roatán y se les dio concesión a su efectiva herencia de los terrenos de la isla”, indicó.

Con el curso del tiempo en el año 1956 se formó la empresa Barbareta S.A. en Tegucigalpa, y los socios de esa empresa de a poco fueron comprando derechos de propiedad de esas tres familias.

La compañía Barbareta tomó posesión de la isla y esta solicitó un préstamo al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), que le otorgó una considerable cantidad de dinero en base a una hipoteca sobre esos terrenos.

Después consiguieron un dinero adicional para el desarrollo de un hotel, y otras comodidades turísticas que se desarrollaron allí y en la década de los 90 ese préstamo fue cancelado.

“Lo que ha ocurrido es que el director de la misma falleció y los herederos no quisieron tener nada que ver con la inversión turística y convencieron a un inversionista, que es la persona que están mencionando allí, entonces lo que hubo únicamente fue cambio de administrador, uno por muerte y otro por elección”, apuntó.

“No ha habido ninguna transferencia de dominio de la tierra, la cual sigue siendo de la misma empresa que lo adquirió allá por 1956”, agregó.

En ese sentido, explicó que él hizo la protocolización del acta de asamblea, en donde se nombró el nuevo consejo de administración.

“Yo no he hecho ninguna escritura de compra-venta, no he autorizado ninguna escritura de tal naturaleza, ni el Registro de la Propiedad lo ha inscrito de esa manera”, sostuvo el togado.

Fuente: La Tribuna