Periodicos de Honduras

Tegucigalpa. Tras una infructuosa reunión de 25 minutos con el dueño de Dippsa, Henry Arévalo, el gobierno decidió interponer una demanda judicial para intervenir las terminales de esta empresa petrolera. Este fue otro intento del Poder Ejecutivo para encarrilar y no declarar fracasada la licitación internacional de combustible y así lograr que Conoco Phillips, ganadora del proceso, firme el contrato de importación.

Empero, queda la duda de si esta acción legal resolverá la situación, en vista de que esta compañía estadounidense exigió un trato de mutuo acuerdo entre Estado y Dippsa para el uso de esas instalaciones.

El asesor legal del Poder Ejecutivo, Enrique Flores Lanza, informó en conferencia de prensa que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el empresario, se solicitará a la justicia hondureña que “obligue al señor Henry Arévalo con su empresa Dippsa a cumplir con su obligación contenida en un contrato” de alquilar o entregar sus instalaciones al Estado mediante un justiprecio, por tratarse de un caso de “emergencia nacional”.

Arévalo pide como arrendamiento 6 centavos de dólar por galón de carburante depositado en sus terminales, pero el Estado solamente le ofrece 3. Como ha sucedido en las últimas dos semanas, las posiciones no cambiaron ayer y ahora el gobierno se alista a recurrir a los tribunales para la intervención.

La rueda de prensa fue brindada en la Procuraduría General de la República, en presencia de la titular de esa entidad, Rosa de Galo, y de miembros de los testigos de honor de la licitación, después de que Flores Lanza se reuniera con Arévalo por casi media hora.

También estuvo el experto en derecho mercantil Efraín Moncada Silva, quien fue contratado por el Ejecutivo para que asesora al Estado en este proceso. Asimismo, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ernesto Paz. La demanda será interpuesta en la presente semana por parte de la Procuraduría.

Arévalo llegó a Casa de Gobierno al filo del mediodía a platicar con el presidente Manuel Zelaya para tratar el tema. Al bajar de su vehículo, para trasladarse a la oficina del mandatario, fue abordado por varios periodistas, a los que expresó que “no me bajaré de mi propuesta”.

ARBITRARIO. Las terminales de Dippsa podrían pasar, temporalmente, al Estado.
Y, en efecto, mantuvo su posición: no aceptó la oferta gubernamental que le reiteró Flores Lanza, en vista de que el mandatario no lo atendió, lo que causó el malestar del empresario.

EL PROCESO LEGAL

Para pedir la intervención de Dippsa, el Ejecutivo invoca el numerando 5.2 del contrato que suscribió con Dippsa en 1991, en el que se establece que “el Estado utilizará, al costo, las terminales del contratista para almacenar y trasportar combustibles en caso de emergencia nacional”.

“Es una obligación que nace del contrato y es ley entre las partes contratantes aquí, en Rusia, en China y en cualquier parte del mundo”, dijo Efraín Moncada. Explicó que la referida pauta contractual es un “título ejecutivo” que el Poder Judicial considera para hacer valer las obligaciones que se suscriben en un acuerdo.

“Quien se obliga en un contrato a determinados servicios está obligado a esos servicios, si no lo hace es porque no lo quiere hacer, esa es cuestión de él, pero para eso están las leyes, para ejercitar las acciones”.

El jurista indicó que la demanda que se interpondrá está establecida en el Código de Procedimientos Civiles y consiste en un “juicio ejecutivo breve, que no es el juicio ordinario que lleva años, sino que tiene la característica de que son plazos breves”.

El gobierno enfrenta una carrera contrarreloj para lograr el alquiler de las terminales, ya que Conoco le dio un plazo de 30 días, que comenzó a correr el pasado viernes 26, para que resolviera este impasse.

No obstante, la condición fue que la ocupación de los tanques tenía que ser de mutuo acuerdo y no mediante una demanda judicial. Al respecto, Flores Lanza indicó que en las últimas horas Conoco reconsideró este aspecto y acepta recibir las terminales por la vía judicial. La judicatura que conozca del caso nombrará peritos para que dictaminen el precio que se deberá pagar a Arévalo por el alquiler de sus tanques.

El gobierno hace los trámites necesarios, a fin de no declarar desierta la licitación de combustibles.
“Puede ser que sean menos de los 3 centavos, pueden ser 3 centavos o más lo que ordene el juzgado cancelar por el arrendamiento”, explicó. Las explicaciones legales de los pasos que han de seguirse en este caso carecieron de profundidad al momento de que la prensa consultaba sobre una posible demora en el juicio, si Dippsa apela una resolución en su contra.

“No podemos dar armas”, dijo la procuradora general Rosa de Galo, evadiendo las preguntas. Dippsa, en el caso de salir desfavorecida en la demanda, podría recurrir a un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado para impedir que sus terminales sean intervenidas, mientras se resuelve la impugnación, de acuerdo a la legislación nacional.

Si es así, la intervención de las terminales podría demorarse más de los 30 días de plazo que dio Conoco para que se solventara este aspecto, lo que implicaría que ya no firmaría el contrato. Se despejaron algunas dudas hasta que terminó la conferencia, cuando Flores Lanza confirmó que Dippsa tiene la potestad de invocar esa dilatoria.

Sin embargo, “creemos que la justicia nos favorecerá y que, en el caso que se acepte el recurso de amparo, será sin suspensión del acto reclamado”. Argumentó que si se le conceden los 6 centavos de dólar que exige Arévalo, eso representaría elevar de 12 a 24 millones de dólares lo que se gastaría en alquiler de terminales, casi la mitad del ahorro global que se pretende lograr anualmente.

GOBIERNO SE RETRACTA

De última hora, EL HERALDO conoció que el presidente Manuel Zelaya ordenó no interponer ninguna demanda contra Dippsa, porque habría llegado a un acuerdo con Arévalo para mejorar la oferta de arrendamiento de sus tanques. De acuerdo a una fuente de Casa Presidencial, Arévalo volverá hoy a la sede del Ejecutivo para dialogar con el mandatario sobre firmar el contrato de alquiler de los tanques en base a nuevos costos.

“No se le darán los 6 centavos que exige, pero se darán más de los 3; posiblemente se le den 4.5”, contó el informante. Dippsa tiene capacidad para almacenar 800 mil barriles de carburante. El déficit será cubierto con los tanques de Hondupetrol, con la que el Estado ya llegó a un acuerdo.

Fuente: El Heraldo