Periodicos de Honduras

TEGUCIGALPA.- Debido a que el Congreso Nacional de Honduras no aprobó la Ley de Protección al Consumidor, los abusos con los incrementos de precios a los productos seguirán para los hondureños durante la temporada navideña.

La coordinadora del Comité de Defensa del Consumidor Hondureño (Codecoh), Gloria Pérez, cuya organización lleva todo el año pidiendo que se apruebe esa normativa, solicitó otra vez al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, que de “regalo navideño apruebe la Ley de Protección al Consumidor”, hecho que no se ha concretado todavía.

Pero el diputado liberal José Azcona Bocock presentó la semana pasada un proyecto de decreto de Ley de Protección al Consumidor, que es el segundo en la cámara legislativa, ya que el Partido Unificación Democrática (UD), también introdujo el suyo y que fue rechazado por empresarios y el gobierno, según se informó.

Ante las constantes alzas a los productos que consumen los hondureños, la proyectada Ley de Protección al Consumidor sería una herramienta de resguardo a la libre competencia que busca frenar los abusos potenciales para tener mercados justos y transparentes.

En la exposición de motivos se plantea que es necesario tener reglas claras de mercado, conocidas por todos los sectores y contar con una autoridad pública competente y con suficiente capacidad para garantizar una mayor prosperidad y calidad de vida para todos los consumidores.

SE MULTIPLICAN ABUSOS
Según Codecoh, en la temporada navideña se multiplican los abusos en perjuicio de los consumidores. Alrededor de 80 denuncias mensuales se registran en diciembre, de las cuales cuatro se resuelven favorablemente para los afectados, quedando impunes más de 70 presuntos abusos.

Esto porque nadie promueve los derechos de los consumidores, ni se divulgan ni se defienden. Tampoco se pueden establecer los procedimientos aplicables a las infracciones y sanciones en la materia.

En la proyectada normativa se reconocerían los abusos, como: El acaparamiento de productos, el desabastecimiento o negativa a vender productos esenciales para el consumo o la salud, así como los insumos indispensables, incluso materias primas y los bienes de consumo popular, entre otros, para provocar el alza de sus precios.

Establece que la Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad que aplicará la ley y en caso de presuntas infracciones a la ley sólo podrá aplicar sanciones administrativas.

Y una vez verificada la existencia de la infracción se procederá a la aplicación de multas entre 500 y 25 millones de lempiras, decomiso de mercaderias o productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio hasta por 30 días, según el articulado del proyecto.

Fuente: La Tribuna